Por Fernando Vázquez Rosas
(Publicado en La Verdad del Sureste, el lunes 20 de junio de 2011)
Hace varias semanas que el asunto de homologar las elecciones estatales con las federales ronda por los pasillos del Congreso de Tabasco.
La idea es que las elecciones locales no sean el 21 de octubre de 2012 —fecha en que hasta ahora está prevista la renovación de la gubernatura, Congreso del Estado y alcaldes— sino el primero de julio, cuando está programado elegir Presidente de la República, diputados federales y senadores.
La decisión, sin embargo, se ha empantanado por temor en el partido oficial, el PRI, cuya anuencia para el cambio de fecha es indispensable porque tiene la mayoría legislativa.
Preocupados sobre todo por la gubernatura, una parte en el tricolor quiere la homologación porque sabe que la elección federal no siempre repercute en la local. En 2006, por ejemplo, el PRD arrasó en las federales pero no ganó la gubernatura.
Por eso el miedo es que aún cuando en julio del 2012 el PRI obtuviera muchos triunfos federales por el “efecto Peña Nieto”, en octubre los tabasqueños de todos modos podrían cobrar la factura de tanto desaseo originado por el gobierno de Andrés Granier.
Según esa visión, la homologación debe ser para aprovechar el impulso del aún gobernador mexiquense, a quien ya dan como candidato presidencial.
Pero hay otros priistas que rechazan la homologación porque, si se juntan las elecciones, las condiciones para el PRI serían muy adversas por el “efecto López Obrador”, que ese sí ha sido demostrado en Tabasco.
Desde esta perspectiva, homologar sería como un tiro de gracia para el PRI tabasqueño porque aquí en Tabasco hay incluso priistas que reconocen el liderazgo de López Obrador y estiman que el PRD levantaría su votación por el impulso del ex jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Hay una tercera visión en el tricolor, quizá la que ha cobrado más fuerza. Se trata de direccionar una homologación parcial: Elegir gobernador en julio y en octubre todo lo demás; o llevar a julio la selección de gobernador y alcaldes pero dejar para octubre la de diputados.
Desde esta perspectiva, lo que no debe ocurrir es una homologación completa para no arriesgar todo. Si la gubernatura está en apuros, en caso de una homologación no hay por qué exponer las alcaldías y las curules.
Sin embargo, esta postura exhibe que para los priistas la homologación no parece provenir de una búsqueda del bien colectivo, como el ahorro de recursos, prever que posibles inundaciones no entorpezcan los comicios o procurar una sola jornada electoral para disminuir riesgos de inseguridad.
Si estos factores fueran el origen de la propuesta nadie se opondría a la homologación completa y el asunto ya estaría resuelto. Pero no. Todo indica que los priístas simplemente están buscando cómo evitar una catástrofe electoral que ven cercana como consecuencia de los malos resultados que persisten en la administración estatal.
Inundaciones consecutivas, despido masivo de trabajadores del gobierno, desaparición de programas sociales, falta de obras, belicosas exigencias a la Federación que se han traducido en resultados pobres, aumento en el índice de corrupción, inseguridad, desempleo. La lista es amplia y todos son ingredientes que apuntan al voto de castigo para el PRI.
POR CIERTO… En el contexto de la discusión sobre la homologación electoral surgió la idea de extender a cuatro años las gestiones municipales. La razón por la que Juan José Martínez y otros seis diputados perredistas —autores de la propuesta— firmaron esta iniciativa es que los alcaldes requieren de más tiempo para concluir sus proyectos.
Aunque el propósito es noble, el argumento es discutible. ¿Por qué ya no son suficientes tres años para que los presidentes municipales concluyan sus objetivos? En la propuesta legislativa se asegura que es por el crecimiento poblacional.
“En la medida que crece nuestra población, crecen nuestras necesidades, de ahí que proponemos de igual forma se amplíe en nuestras leyes el tiempo considerado para que gobierne un cabildo el municipio…”, exponen los diputados en su iniciativa.
En otro párrafo puntualizan: “Podría argumentarse que un año no significa mucho, que quizá no aporte mucho, pero si nos vamos a la práctica, realmente un año permitiría la culminación de muchas buenas ideas, un año puede marcar la diferencia entre el desarrollo y progreso de un municipio o el estancamiento del mismo”.
La propuesta carece, sin embargo, de un estudio objetivo que permita concluir que un año sería suficiente para marcar esa diferencia y que el aumento poblacional es lo que complica la conclusión de los proyectos, que deben ser más que buenas ideas.
En todo caso, la iniciativa evade que muchos alcaldes electos para tres años suelen pedir licencia en el último tramo de su gestión para ir en busca de otro cargo de elección popular. Tampoco expone la realidad de que muchos proyectos se frenan a causa de que el gobierno estatal, en manos del PRI, suele hostigar financieramente a los municipios que no son de su filiación política. E igual hay casos de negligencia por parte de las autoridades y franca corrupción.
¿Por qué no pensar que son éstas y no otras las causas reales del atraso en los municipios? La exposición de motivos de la propia iniciativa incluye un párrafo que refleja un argumento más sensato: “El municipio libre fue plasmado en nuestra Constitución, se le quería fuerte y sano, pero se le estructuró endeble y enfermo, se le deseaba la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados, pero no se le dotó de los instrumentos para lograrlo”.
Si el aumento poblacional fuese un argumento sólido, entonces también debería estarse planteando el ampliar los periodos de los gobernadores y del propio Presidente de la República, lo cual no está en el ánimo de ninguna fuerza política de todo el país, incluido el PRD.
Quizá antes de pensar en ampliar los periodos municipales sería mejor legislar para que, al menos durante los próximos dos trienios, los alcaldes no puedan postularse a otro cargo de elección popular. Así podría medirse si lo que dificulta el desarrollo municipal es el tiempo o la mira electoral con la que entran los ediles.
Además, si hay gubernaturas de seis años y Legislaturas de tres años, pero alcaldías de cuatro años, entonces tendría que haber elecciones para unas y otras. Y la homologación que se discute en estos momentos estaría de sobra.
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