Por Fernando Vázquez Rosas
(Publicado en La Verdad del Sureste, el lunes 5 de septiembre de 2011)
A principios de marzo de 2008, el entonces diputado federal Rafael Elías Sánchez Cabrales exhibió unas fotografías donde Fabián Granier, hijo del gobernador de Tabasco, hacía uso de una avioneta oficial para pasear con su novia y otras amigas.
El caso se conoció popularmente como “El avión del amor” y llamó mucho la atención porque la actuación frívola del hijo de Andrés Granier, costosa para el erario público, ocurría unos meses después de la inundación de fines de 2007, la peor devastación de la historia reciente de la entidad.
Sánchez Cabrales explicó que las fotografías mostradas en aquella ocasión fueron obtenidas de Facebook.
El 27 de noviembre de 2010, La Verdad del Sureste publicó una nota titulada “Hace exhibición de su ego Silvia Isabel Gil Cuellar”. La información refiere que la vocera de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que en ese entonces estaba a cargo del ahora Secretario de Gobierno, Rafael González Lastra, había subido unas fotos a Facebook donde modela con armas de alto poder adquiridas para combatir el crimen organizado.
El mismo día que se publicó la información, la vocera de la Procuraduría restringió el acceso a su Facebook y bajó las fotografías comprometedoras.
Aunque en ambos casos fue evidente el uso (abuso) de recursos públicos para fines personales, no hubo ninguna acción legal correctiva. En estos dos casos, que fueron evidenciados gracias a las redes sociales y específicamente a Facebook, no había que legislar nada para aplicar la ley. Y sin embargo lo único manifiesto fue la impunidad.
Meses después Cárdenas vivió hechos violentos que generaron pánico en la población. Extraviada la autoridad frente a una delincuencia desatada, los usuarios de redes sociales buscaron protegerse a sí mismos y a los suyos. Los mensajes de alerta se propagaron como humo en la lógica extrema de que era mejor advertir antes que perder la vida.
Pero entonces sí, el gobernador Andrés Granier decidió que había que actuar de inmediato y combatir a los rumorólogos, mucho más a los usuarios de redes sociales que actúan ajenos a los controles del poder político. Y si faltaba una ley en la materia pues que se hiciera cuanto antes porque, al parecer, en su lógica oficial dañan más las palabras que las balas.
El 31 de agosto Granier envío al Congreso del Estado una iniciativa de ley para adicionar al Código Penal del Estado un capítulo VII denominado “Alarma Social”, donde se establezca el Artículo 367 que diga, textual: “A quien por diversos medios orales, escritos, electrónicos, o de cualquier otro tipo, difunda información falsa con el ánimo de causar alarma, perturbar la paz pública o el orden constitucional, se le impondrá prisión de seis meses a cinco años y multa de cien a quinientos días (de salario mínimo)”.
Aunque el tema es polémico y el uso de las redes sociales está a discusión en todo el mundo, al gobernador Granier le bastaron sólo dos hojitas para presentar su iniciativa.
La Exposición de Motivos es pobre e insustancial pues lo más que se explica es que la sensación de temor e inseguridad que vive la población “se ha visto alimentada por la actividad malintencionada de personas que aprovechando dicha sensación, generada por los múltiples y brutales crímenes que se han cometido en el estado, difunden (mensajes) de manera dolosa y con el único afán de causar alarma en la sociedad y perturbar la paz social”.
El documento también carece de sustento objetivo pues no cuenta —y si existe sería interesante que el gobernador lo hiciera público— con un estudio que fundamente el alcance de poner controles en Tabasco a las redes sociales y si esto repercutirá en disminuir la inseguridad, que es el fondo del asunto.
Lo que se advierte en realidad es un intento de atemorizar a los usuarios de Facebook, Twitter y otras redes sociales, que han encontrado en estos espacios un camino de libertad para ejercer la crítica y obtener información que los medios tradicionales suelen no publicar, lo cual el gobierno y el PRI ven como un problema ante la cercanía de las elecciones.
Pero la realidad es brutal frente a la irresponsabilidad. Un día después de haberse presentado la iniciativa, el vocero de Granier, Alfonso del Río Pintado, publicó información falsa y hasta alarmista en la cuenta oficial de Twitter del Gobierno del Estado (@GobTabasco) referente al suicidio de un estudiante de la UJAT.
El viernes 2 de septiembre en Telereportaje, el vocero de Granier admitió el error que se extendió hasta el Boletín oficial acerca del mismo tema, donde incluso se escribieron especulaciones porque se habló de investigaciones por hechos de posible “carácter delictuoso” cuando fue un suicidio.
La situación tomó tal dimensión que, a propósito de la información que generó el vocero del gobernador, la rectora Candita Gil dijo en Telereportaje que “no es a través de especulaciones, de chismes y de alertas falsas como esta sociedad tiene que avanzar”.
Vaya, el Gobierno del Estado acusado de lo que busca acusar.
Si la ley anti rumor ya estuviera en vigor, Alfonso del Río debería haber sido detenido y sujeto a proceso con riesgo de ser castigado con una multa onerosa y hasta cinco años de cárcel. Este ejemplo que provino de la propia administración estatal deja ver los riesgos de lo que pretende Granier, porque al vocero quizá se le aceptaría la disculpa pública mientras que a los opositores que pudieran caer en un error similar seguro se les aplicaría todo el peso de la ley.
De cualquier modo, si de combatir rumores se trata el gobernador Granier debería poner el ejemplo e informar con precisión, por citar un caso, si es verdad que asaltaron una casa de su propiedad en el Distrito Federal y le robaron muchos millones de pesos. Y si es cierto, que explicara de dónde provino todo ese dinero que, según las versiones, lo tenía guardado en efectivo. La información se ha publicado incluso en medios nacionales y la respuesta ha sido silencio.
Sorprende, por cierto, la celeridad con la que el gobernador envió su iniciativa de ley contra los rumores luego de los hechos delictivos en Cárdenas. Ahora que el CONEVAL informó que aumentó la pobreza en Tabasco, se hubiese esperado la misma rapidez para que se hicieran ley los programas sociales de apoyo a la gente más vulnerable.
Hay que insistir: Los rumores se enfrentan con información. Por eso la iniciativa anti-rumor del gobernador es una ocurrencia que los diputados deben detener. Antes de tomar una decisión, mejor que convoquen a un debate público sobre el tema, que participen especialistas, que se consulte a la gente.
POR CIERTO… Quedó clarísimo que Candita Gil no fue a la radio hace unos días solamente a esclarecer la información sobre el suicidio del joven Ulises Eduardo Narváez sino también a parar el “fuego amigo” que acusó y que podía afectar sus aspiraciones políticas. “Sí voy a estar en una boleta”, manifestó de pronto envalentonada. Lamentable que la rectora de la UJAT haya aprovechado una tragedia para destaparse.
fernandovazquezr@gmail.com
