Por Fernando Vázquez Rosas
(Publicado en La Verdad del Sureste, el lunes 14 de noviembre de 2011)
En la época del presidencialismo priísta, el día del Informe de Gobierno era considerado el "Día del Presidente", una fecha de culto a la adulación, el aplauso fácil, la prepotencia y el avasallamiento de los ciudadanos.
Con la Banda presidencial en el pecho, el Ejecutivo federal acudía al Congreso de la Unión a entregar su Informe y desde la tribuna legislativa daba un mensaje a la Nación, tras lo cual encabezaba un desfile por las principales avenidas de la Ciudad de México. Los automovilistas eran obligados a detenerse o desviar su camino para dar paso al "Señor Presidente" y los aparatos de seguridad se desplegaban por doquier.
Momento para el confeti, la oposición era contenida salvo aquella de membrete que se sumara a la lisonjería; el espíritu de la rendición de cuentas era reducido a su mínima expresión. Hay que decir que si bien autoritario, el gobierno federal de aquel tiempo era cuidadoso de las formas legales y políticas, por más amañadas y solemnes que fuesen. Por eso acudía al Congreso el Presidente, para que lo acusaran de todo menos de evadir la ley. Con la alternancia las cosas han cambiado. Aunque el modelo de presentación del Informe presidencial sigue siendo perfectible, ya existe una mejor hechura legal para cumplir ese mandato.
En Tabasco, sin embargo, persiste el estilo del viejo régimen, entendible por la permanencia del PRI en el poder, no siempre tutelada por la voluntad popular. En este montaje tricolor, la rendición de cuentas también es lo de menos. El esmero se centra en tratar de que el día del Informe sea el "Día del Gobernador".
No hay desfile, pero el mandatario estatal organiza un evento masivo con asistentes a modo para ser aplaudido y felicitado por supuestos logros, aunque se trate de minucias. El Ejecutivo opta por ese escenario que garantiza seguridad a su ego pero desprecia el acto oficial de ir personalmente al Congreso del Estado a entregar su Informe.
En el sureste mexicano el tabasqueño Andrés Granier es uno de los dos únicos gobernadores que no acuden al Poder Legislativo a reportar el estado que guarda la administración. La segunda es la mandataria de Yucatán, Ivonne Ortega. Ambos recurren a la salida fácil de enviar un representante.
Sí lo hace en cambio el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, quien el 16 de diciembre de 2010 presentó su Cuarto Informe de Gobierno y se prevé que este año también acuda al Legislativo. El Ejecutivo veracruzano, César Duarte, aún no rinde cuentas pero su antecesor, Fidel Herrera, entregaba su Informe en propia persona; su último acto de este tipo fue el 15 de noviembre de 2010.
Hasta su sexto y último Informe, presentado el 27 de marzo de este 2011, el gobernador de Quintana Roo, Félix González Canto, acudió personalmente al Poder Legislativo para cumplir el mandato legal. La misma práctica ha emprendido el campechano Fernando Ortega Bernés en los inicios de su gestión, de modo que el 7 de agosto de 2011 fue al Congreso de su estado a informar sobre el ejercicio de la administración que encabeza.
Reacio a la transparencia y la rendición de cuentas, como lo exhibe su persistente silencio sobre todo en los temas financieros, Granier evita acudir al recinto legislativo porque tendría que enfrentar la crítica opositora, aún la simbólica como el abandono de curules por parte de los diputados del PRD.
Pero guste o no al Ejecutivo estatal, el Informe de Gobierno se rinde legalmente ante el Poder Legislativo, no en otro escenario por más cómodo que le resulte. El artículo 51 de la Constitución de Tabasco es claro en que el gobernador tiene la obligación de presentar un Informe escrito al Congreso local. En ninguna línea se indica que además deba emitir un discurso con ese motivo en algún otro sitio. No existen pues dos figuras del Informe, una legal y otra pública, como lo ha querido hacer ver el gobernador.
El evento en el Centro de Convenciones anunciado para el domingo 13 y pospuesto para el martes 22 de noviembre es un acto no previsto en la ley y por tanto significaría el uso de recursos públicos con fines políticos. Y si es aprovechado para placear a los aspirantes presidenciales o estatales del PRI, se estaría además ante el uso del erario con propósitos electorales, un franco delito.
No sobra puntualizar que aquello que Andrés Granier pospuso a causa de la muerte del Secretario de Gobernación y la tragedia de Carrizal no fue el Informe de Gobierno sino justamente ese acto que tenía y tiene organizado para sí mismo junto a uno de los aspirantes presidenciales de su partido.
Tan es así que el pasado domingo 13 el secretario de Gobierno, Rafael González Lastra, entregó el Informe escrito de Granier al Congreso. No podía ser de otra manera porque el artículo 51 de la Constitución también establece que es el segundo domingo de noviembre cuando el mandatario debe cumplir esa obligación.
Con el juego de fechas que ha hecho el gobernador, habrá que revisar en su oportunidad que no se rebase el límite de tiempo previsto para la publicidad oficial sobre el Informe. El Numeral 5 del Artículo 228 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) permite los anuncios siete días antes y hasta cinco días posteriores a la fecha de la rendición de cuentas.
Como la fecha del Informe fue el domingo 13, la publicidad permitida del gobernador Granier con este motivo vence el viernes 18 de noviembre. Si se pretendiese extender la publicación de anuncios hasta el 27 de noviembre, argumentando que el día del Informe será el martes 22, se incurriría en una falta legal.
Frente al luto anunciado por las tragedias del 11 de noviembre, la vorágine política que desata la cercanía del proceso electoral y las crecientes necesidades en el estado, a lo que debe agregarse de manera insistente que el Informe ya se entregó el domingo pasado, el evento del Centro de Convenciones resulta un acto insulso que el gobernador bien podría olvidar puesto que ni siquiera es mandato legal.
Ya ocurrió algo similar en 2007, cuando debido a las inundaciones sólo se entregó el Informe escrito al Congreso y no hubo ya ningún otro evento adicional. Es improbable, sin embargo, que esta vez Granier desista porque está en búsqueda de la popularidad perdida y porque necesita escenarios y pretextos para tratar de salvar al PRI de la debacle electoral que tiene en puerta según marcan las estadísticas.
Por eso pospuso el acto del Convenciones hasta no antes del 22 de noviembre, no por el luto, sino porque en los días previos seguramente Enrique Peña Nieto tenía agenda llena y no habría podido venir.
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