Por Fernando Vázquez Rosas
(Publicado en La Verdad del Sureste, el lunes 2 de abril de 2012)
Está previsto que hoy se discuta en el pleno del Congreso del Estado la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Pública que prevé otorgar seguridad oficial a varios funcionarios estatales de alto nivel al menos por un periodo similar al que ejercieron el poder, aunque la protección podría extenderse si persiste alguna causa que lo amerite.
Este beneficio sería para el gobernador, el secretario de Gobierno, el Procurador , el secretario de Seguridad Pública, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el subprocurador y el director de Averiguaciones Previas, así como sus familiares en línea ascendente hasta el primer grado y descendente hasta en un segundo grado.
En el caso del gobernador Andrés Granier, por ejemplo, que estará seis años completos en el cargo, gozará de protección oficial durante otros seis años, al igual que sus padres, sus hijos y sus nietos. El único requisito que se exigirá para tener acceso a esta disposición es haber estado al menos un año en funciones.
Otra parte de la reforma prevé que las autoridades de Seguridad Pública otorguen medidas de seguridad a candidatos a gobernador, desde el momento que se ostenten en tal carácter, al igual que a los abanderados a alcaldes y diputados locales que los soliciten a través del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco.
La reforma ya fue aprobada en comisiones y es de esperarse que se avale también en el pleno puesto que sólo requiere de mayoría simple, por lo que es suficiente con los votos del PRI. No cabe duda: será ley. Pero su instauración dejará una sensación de orfandad para los tabasqueños que sufren la inseguridad en lo cotidiano y la seguirán sufriendo, en tanto que los funcionarios de primer nivel estarán protegidos a sí mismos y toda su familia con presupuesto público, al igual que los aspirantes a puestos de elección popular.
Pero, ¿por qué buscan protección los altos funcionarios si en los discursos oficiales siempre dicen que se avanza contra la inseguridad? ¿O es que no es suficiente el avance? ¿No será que es momento de asumir que aquí en Tabasco, como se dice del nivel federal, también se está perdiendo la guerra contra el crimen y la delincuencia?
Dice el dictamen de esta reforma que la seguridad oficial para los altos funcionarios cuando dejen el cargo “no constituye un privilegio” y justifica que ya se han registrado “ataques contra los servidores públicos de esas áreas (las de seguridad) y en contra de candidatos a cargos de elección popular, por parte de la delincuencia organizada que buscan amedrentar a las autoridades para cesar la lucha por combatir la inseguridad en la entidad”.
Nadie desea un mal para quienes ejercen el poder. Todo lo contrario: su seguridad es vital para darle certeza a la toma de decisiones y a la implementación de las políticas. Pero hacer una ley para prever la seguridad oficial a ciertos servidores públicos aún después de dejar el cargo es una muy mala señal para la vida pública estatal, sobre todo porque se trata de darle protección a quienes deberían brindarla.
Al gobernador, al secretario de Gobierno, al Procurador, al secretario de Seguridad Pública, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, al subprocurador y al director de Averiguaciones Previas se les paga para que, entre otras funciones, garanticen la seguridad de los ciudadanos, no para buscar cómo protegerse ellos mismos y sus familias, con dinero público, aún cuando ya no estén en funciones.
Si dieran los resultados esperados, la medida podría ser justificable. Pero hay evidencia de que no es así. Los datos oficiales exhiben que todos los delitos han ido en aumento en Tabasco. Absolutamente todos. “Si no pueden, ¡renuncien!”, exigió el empresario Alejandro Martí. Habría que decir ahora: ¡Si no pudieron, váyanse, pero dejen de utilizar el presupuesto en beneficio personal!
La reforma de seguridad genera malestar público también porque significa asumir, desde ahora, que la sociedad estará permanentemente en peligro, con la diferencia de que ellos, los altos funcionarios, tendrán protección pagada del erario público y todos los demás, los ciudadanos, que se busquen sus propios medios de seguridad. “¡Sálvese quien pueda!”, parece ser el anuncio oficial.
Esta reforma, además, sí promueve los privilegios porque el beneficio es sólo para un puñado de altos funcionarios. Si se trata de proteger a todos aquellos que podrían estar a merced del crimen organizado, ¿por qué entonces no se incluyó a los alcaldes, a los directores de seguridad en los municipios, a los ministerios públicos, a los jueces? Por lo que se ve, aún en las esferas del poder hay desigualdad.
Pero más allá de todas estas consideraciones, llama mucho la atención que la reforma venga justamente ahora. Entre las reglas no escritas del régimen priista que aún perdura en Tabasco, el gobernador en funciones se encarga de dar protección a los antecesores. El compromiso es de facto. ¿Por qué entonces plasmarlo en la ley?
Es difícil pensar que la reforma actual se haya presentado y haya avanzado sin el aval del propio gobernador. Y es que Andrés Granier quizá está viendo que el PRI podría perder la elección el primero de julio y por eso está haciendo preparativos para su salida. Si el PRI obtiene el triunfo podría seguir el privilegio de la protección oficial, pero por si pierde quiere dejarlo asentado en la ley.
Como no está seguro del triunfo de su partido, Granier está tratando de dejar listas sus redes de protección. Por eso impulsa a sus cercanos como diputados locales (Bety Luque, Escayola, Bates…) para que le cuiden la última cuenta pública y por eso ahora promueve una reforma a la ley de seguridad para garantizar su protección. Incluir a otros servidores públicos de alto nivel es mero disimulo.
El hecho es que a Granier le urge esa protección oficial para después de su mandato. Busca cuidarse de los delincuentes, sí, pero también de los ciudadanos que ahora lo repudian.
POR CIERTO… Bajo mi dirección y conducción, mañana martes 3 de abril inicia el programa de televisión “Es tiempo de hablar”, a las 9 pm, por el canal 10 de Cablecom. A partir del miércoles circulará en las redes sociales.
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@fer_vazquezr
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