sábado, 4 de junio de 2011

La “mapachera” oficial

Por Fernando Vázquez Rosas

(Publicado en La Verdad del Sureste, el lunes 28 de marzo de 2011)

Más de la mitad de la población de Tabasco está en la pobreza. El dato oficial es de 53.8 por ciento de los tabasqueños, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL). Es decir, que hay más de un millón cien mil pobres en la entidad.

Pero hay algo peor. El propio CONEVAL registra que unos 700 mil tabasqueños padecen hambre, pues todos sus ingresos no les alcanzan para adquirir una canasta básica alimentaria. Se trata de 34.5 por ciento de la población. Con este índice, Tabasco se ubica en ¡primer lugar nacional! con problemas de acceso a los alimentos.

Frente a esta realidad, que seguramente se ha agudizado luego de tanta inundación y desempleo, el gobierno de Andrés Granier respondió con la eliminación del TEDAMAS, que significaba una ayuda para adultos mayores, personas con discapacidad y madres solas.

El TEDAMAS intentó ser una calca de los programas sociales que emprendió Andrés Manuel López Obrador al frente del Gobierno del Distrito Federal. La diferencia es que allá los programas se volvieron ley y el monto de la ayuda aumenta cada año, mientras que acá fueron utilizados con fines electorales y luego desaparecieron con el pretexto de que no hay dinero.

Ahora, de cara al 2012, el problema de los pobres se perfila para ser usado nuevamente con propósitos políticos, pues sólo así se entiende la creación del Instituto para el Desarrollo Social del Estado de Tabasco (INDESTAB), cuyo titular es el ex diputado priista José del Carmen Escayola Camacho.

El 7 de enero de 2010, Escayola asumió la titularidad de la entonces Unidad de Atención Social del Estado (UNASE), en sustitución de María Teresa Cabrales, quien dejó el cargo luego que le fueron observadas numerosas irregularidades en la operación del gasto social.

Cuatro meses después, a inicios de mayo de 2010, la administración estatal anunció su “reingeniería administrativa”, que significó el despido de más de 4 mil trabajadores del gobierno y la desaparición de varias dependencias, entre ellas UNASE.

Pero la medida no fue pareja porque, a diferencia de quienes sí fueron echados a la calle, Escayola y todo el personal que estaba adscrito a UNASE fueron protegidos. Primero permanecieron haciendo nada en la Secretaría de Planeación y finalmente fueron reubicados al Instituto para el Desarrollo Social, creado específicamente para ellos.

El INDESTAB, sin embargo, tiene una sospechosa función. Y es que recientemente el gobierno estatal por fin registró información en el portal de la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales (IPRO), promovido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Transparencia Mexicana.

Hacía algunos años ya que ese portal estaba activo pero el gobierno estatal no había subido ningún dato, ni cuando tenía el TEDAMÁS. Ahora la administración de Granier reportó que cuenta con 32 programas sociales activos.

La cosa es que de esos 32 programas, un total de 18 son operados por el DIF estatal, muchos de los cuales tienen varios años en operación como el trabajo en albergues temporales, centros para la infancia, desayunos escolares y todo lo relacionado con grupos vulnerables.

Otros programas a cargo del DIF son las acciones ya conocidas como la atención de menores víctimas de abusos o en riesgo de deserción escolar, el Centro de Atención a la Mujer, la donación de auxiliares auditivos y la operación de la residencia para ancianos “Casa del Árbol”.

Por otro lado, tres programas están a cargo de la Secretaría de Recursos Naturales y Protección al Ambiente (SERNAPAM), tales como los apoyos a la producción agropecuaria, el fortalecimiento a la pesca y a la acuacultura en los municipios de influencia petrolera, así como el ordenamiento de traspatios.

El Instituto de la Juventud y el Deporte (INJUDET) aparece como responsable de dos programas: Becas académicas y Becas, Estímulos, Apoyos y Reconocimientos, mientras que el Instituto de Vivienda (INVITAB) tiene a su cargo tres programas: Uno denominado Bolsa adicional 2x1, otro de mejoramiento de vivienda y uno más de ahorro y subsidio denominado “Tu Casa”.

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFOP) tiene un programa denominado “Producción de Especies Menores y Operación del CECAREM”, en tanto que el Servicio Estatal de Empleo opera el “Programa de Apoyo al Empleo”, y el Instituto de Educación para los Adultos de Tabasco (IEAT) trabaja en el “Proyecto de vinculación INEA-Oportunidades”.

En el listado que el gobierno de Tabasco registró en el portal de IPRO también aparece como suyo el “Programa de Apoyos Directos al Campo PROCAMPO”, aunque en realidad pertenece a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), que es una dependencia del gobierno federal.

¿Y cuántos programas opera entonces el recién creado INDESTAB? Bueno, el Instituto para el Desarrollo Social del Estado de Tabasco únicamente tiene a su cargo dos programas: el Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), que en realidad es un fondo federal, y el Programa para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Y aunque sólo opera dos programas, la dependencia a cargo de Escayola cuenta con un presupuesto de 335 millones de pesos para este 2011 y tiene una plantilla laboral de 570 personas.

Para decirlo claro: son ¡335 millones de pesos y 570 personas para operar únicamente dos programas sociales! La verdad es que, por el uso político que los gobiernos priistas suelen darle a los programas sociales, el Instituto para el Desarrollo Social de José Escayola sólo puede entenderse como la “mapachera” oficial creada por Granier como avanzada para el 2012.

POR CIERTO… La información de los programas sociales tabasqueños puede consultarse en www.programassociales.org.mx, donde se indica que los 32 programas reportados por el Gobierno de Tabasco registran casi nula participación ciudadana, pocos mecanismos de control y fiscalización, así como mínima transparencia y rendición de cuentas.

fernandovazquezr@gmail.com

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